Legislar: Leyes, Decretos, Puntos de Acuerdo, Acciones

14. dic., 2017

 

Requirió al titular de SEFIPLAN, Guillermo Moreno Chazzarini, explique a qué se destinarán los aumentos en algunas dependencias.


Contextos Regionales.- Xalapa, Ver., Pablo Hernández. El diputado Juan Nicolás Callejas Roldán, del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó un pronunciamiento relativo a la necesidad de que el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), y los de las dependencias de la administración pública estatal expliquen y transparenten ante los diversos Grupos Legislativos el proyecto de Presupuesto de Egresos, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

En tribuna, el legislador señaló que la prioridad es combatir a la pobreza en Veracruz, por ello debe existir transparencia en los recursos y al ser etiquetados deben tener una correcta aplicación.

Callejas Roldán solicitó que todas las dependencias, que tuvieron un aumento en su presupuesto, esclarezcan cuál será su aplicación, por lo que exhortó al titular de la SEFIPLAN, Guillermo Moreno Chazzarini a expresar en qué se gastará dicho presupuesto.

“Con ello estaremos en mejores condiciones de evaluar y ver resultados tangibles para las y los veracruzanos, con un ejercicio transparente que solucione problemas a los que nos enfrentamos actualmente” abundó.

A su anteproyecto se sumó el Grupo Legislativo de Juntos por Veracruz.

14. dic., 2017

 


Avalan diputados Dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, relacionados con el fortalecimiento de la Contraloría General del Estado.


Contextos Regionales.- Xalapa, Ver., Pablo Hernández. Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado cuyo objeto es que la Contraloría General cuente con las facultades y atribuciones necesarias para lograr una adecuada coordinación y armonización jurídica con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.

De esta manera, se dota a la Contraloría General de instrumentos jurídicos necesarios para que tenga mayor capacidad de operación, independencia en sus auditorías e imparcialidad en la toma de decisiones, que le permitan sancionar las irregularidades que sean encontradas, así como investigar y denunciar los hechos de corrupción.

Cada dependencia contará, además, con una unidad administrativa o áreas subordinadas al titular de la misma, responsables de la planeación, presupuestación, programación, ejercicio y difusión de la información financiera, en términos de las disposiciones aplicables.

Asimismo, contará con un Órgano Interno de Control, dependiente de la Contraloría General el cual, y entre otras funciones, evaluará el desempeño de la dependencia.

Conforme a la modificación, se determina que los manuales de organización general deberán publicarse en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opere la Contraloría General.

Le corresponde a la Contraloría General establecer, en coordinación con las autoridades que integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, los criterios y procedimientos para la realización de auditorías y revisiones en las dependencias y entidades.

Proporcionará, en su caso, asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y promover, con la intervención que corresponda a otras dependencias, la coordinación y cooperación con los Poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos, los Municipios y demás entes públicos encargados del régimen de contratación pública, con excepción de las empresas productivas del Estado.

Las reformas propuestas son necesarias para contar con un sistema normativo congruente y coherente con el texto constitucional federal y local, y con los ordenamientos generales ya referidos, con el propósito de completar el Sistema Estatal Anticorrupción en la entidad, a fin de dotar de concordancia el marco normativo que regula a la administración pública del Estado de Veracruz.

Este Dictamen fue aprobado con 34 votos a favor. No se registraron votos en contra o abstenciones.

14. dic., 2017

 

Avalan diputados Acuerdo para pedir a la Auditoría Superior de la Federación y la SHyCP a que emitan medidas de control en la aplicación de recursos destinados al sector agrícola en el país.

 

Contextos Regionales.- Xalapa, Ver., Pablo Hernández. El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para que emitan medidas de control y vigilancia en la aplicación de recursos federales destinados al sector agrícola del país.

En la sesión del Congreso de Veracruz las y los diputados avalaron este Acuerdo por el que se pide conminar a la ASF para que las observaciones que formula el órgano fiscalizador a la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), tengan consecuencias legales y administrativas, estableciendo sanciones y denuncias a ex servidores y servidores públicos que causaron perjuicios a la Hacienda Pública y a la sociedad en el ejercicio fiscal 2015.

Además para que, al momento de fiscalizar los subsecuentes ejercicios, se evalúen las reincidencias suscitadas en la citada Dirección General de la SAGARPA, de manera que se dicten medidas preventivas para evitar que estas irregularidades se repitan.

También se incluye exhortar al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que instruya a sus colaboradores a cumplir las recomendaciones de la ASF, en el sentido de establecer mecanismos de supervisión, control y seguimiento necesarios para garantizar que los expedientes se integren debidamente y se cumpla de manera estricta con las Reglas de Operación correspondientes y demás normativa aplicable.

Del mismo modo para requerir al Secretario de la Función Pública y al titular del órgano interno de la SAGARPA para que vigilen que los recursos públicos destinados a las acciones y programas institucionales del sector se apliquen correctamente para alcanzar sus objetivos.

Este resolutivo fue producto del anteproyecto presentado el 5 de Octubre por la diputada del Partido Acción Nacional, María Elisa Manterola Sainz.

El documento refiere que entre las principales observaciones que la ASF realizó a la SAGARPA se encuentran: pagos de apoyos sin el debido soporte documental; falta de transparencia y debida supervisión en la integración de la información; entrega de apoyos sin cumplimiento total de requisitos; probable uso indebido de datos personales y alteración de documentos; gestión de apoyos a nombre de beneficiarios que no los recibieron; documentación comprobatoria sin debida revisión; seguimiento y supervisión del cumplimiento de requisitos; facturas canceladas o sin registro en el sistema del Servicio de Administración Tributaria, entre otros.

Advierte que para el Estado de Veracruz se otorgaron apoyos para 47 beneficiaros por un total de un millón 162 mil 529 pesos, sin que exista evidencia documental sobre la autorización y ejecución de esos proyectos por los beneficiarios.

14. dic., 2017

 

La iniciativa contempla este derecho para parejas del mismo sexo.

 

Contextos Regionales.- Xalapa, Ver., Pablo Hernández. El diputado Rogelio Arturo Rodríguez García, del Grupo Legislativo de MORENA, presentó una iniciativa de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 92 y adiciona el artículo 121 bis del Código Civil para el Estado, con la finalidad de prevenir nuevos capítulos de violencia familiar al celebrar el matrimonio.

Es por ello que en la iniciativa se amplía el listado de los impedimentos para celebrar matrimonio ya sea entre hombre y mujer o parejas del mismo sexo, con uno de los contrayentes que haya sido condenado por sentencia ejecutoria por el delito de Violencia Familiar y sólo podrán hacerlo cuando comprueben por escrito haber tomado las medidas reeducativas para personas agresoras.

Mientras que la acción de nulidad de la causa prevista en la fracción XI del artículo 92, sólo puede ser invocada por el cónyuge que desconocía dicho impedimento.

La iniciativa nació de los datos que arrojó el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), en el que manifiestan que el 23 de noviembre de 2016, se declaró la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres al Estado de Veracruz, según cifras estadísticas del año 2000 al 2015, con 30,898 casos de violencia familiar.

Rodríguez García dijo que la alerta de violencia de género se decretó para 11 Municipios del Estado de Veracruz: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa y a 47 Municipios que cuentan con población indígena donde se reflejan altos índices de violencia feminicida.

Por lo que tales adecuaciones frenarán las consecuencias negativas que genera este problema social en el seno de la familia, de tal forma que lejos de agravar u obstaculizar tal situación, a los contrayentes les beneficia, en virtud de redundar en el mejoramiento de su calidad de vida, como derechos que les asisten.

La iniciativa fue turnada a Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales y se adhirió el Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

14. dic., 2017

 


Esta legislación, propuesta por el Gobernador del Estado, incluye como falta administrativa grave la simulación de reintegros.


Contextos Regionales.- Xalapa, Ver., Pablo Hernández. La LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen de la Ley de Responsabilidades Administrativas que impulsa mayores niveles de eficiencia, eficacia y productividad de los entes públicos estatales, así como la armonización de esquemas y mecanismos utilizados por la Federación.

Se prevé establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos e implantar las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.

Esta ley define las sanciones por la comisión de faltas de particulares; determina los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas y crea las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio.

Esta nueva ley incorpora como falta administrativa grave la simulación de reintegros por parte de servidores públicos.

Las sanciones económicas que se impongan por la comisión de faltas administrativas graves y faltas de particulares, tendrán el carácter de créditos fiscales, serán ejecutadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado o la dependencia encargada de las finanzas públicas de los Ayuntamientos, según corresponda, en términos de las disposiciones financieras aplicables.

En un plazo de no mayor a 60 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, deberán expedir las disposiciones jurídicas y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

Esta ley fue aprobada con 33 votos a favor de diputados de los grupos legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD y Juntos por Veracruz, así como del diputado de Nueva Alianza.