Legislar: Leyes, Decretos, Puntos de Acuerdo, Acciones

21. mar., 2018

 

Contextos Regionales.- Toluca de Lerdo, Méx., Benjamín Navarrete. La transparencia es un elemento que da control y certidumbre a la sociedad, brinda a los ciudadanos la posibilidad de ser autores de su propio desarrollo y, junto con el gobierno abierto y la gobernanza, es un mecanismo para impulsar el desarrollo social, afirmó el profesor-investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, José Luis Estrada Rodríguez.

Durante la conferencia magistral “Transparencia y gobierno abierto en el Estado de México”, que dictó por invitación de la Contraloría del Poder Legislativo, Estrada Rodríguez dijo que para cumplir con su objetivo de lograr niveles de apertura y colaboración que permitan generar beneficios colectivos, el gobierno abierto necesita la participación responsable y comprometida de los ciudadanos, porque el gobierno no puede hacerlo todo, sino que debe auxiliarse de los ciudadanos.

José Luis Estrada Rodríguez es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México, posdoctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y representante en la entidad del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes.

Ante un auditorio conformado por servidores públicos municipales y estatales, profesores y estudiantes de nivel superior, el investigador explicó que el gobierno abierto es un modelo de gestión pública que incorpora principios, políticas y acciones de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

Agregó que para lograr una gestión pública abierta y transparente es necesario crear mecanismos de contraloría ciudadana y de vigilancia de los recursos públicos, innovación tecnológica y promoción de las organizaciones de la sociedad civil, como medidas que fomentan el acceso a la información.

Por otro lado, el titular de la Contraloría del Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, recordó la importancia de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y de que los servidores públicos cumplan la ley: “Solamente con voluntad política, con capacidad institucional y con transparencia será posible construir una mejor sociedad”, concluyó.

En la conferencia, que se llevó a cabo en el salón Benito Juárez del Palacio Legislativo, estuvieron presentes el diputado Juan Carlos Dávila Peña (PRI) y el alcalde de Capulhuac, José Neri Rodríguez, quien afirmó que las administraciones municipales deben basarse en principios y valores, pero, sobre todo, deben escuchar a la gente y estar pendientes de sus necesidades: “Primero la ciudadanía, después la ciudadanía y al final, la ciudadanía”, enfatizó.

15. mar., 2018

 

La 59 Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad el acuerdo sobre el examen y opinión de la Junta de Coordinación Política respecto al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, remitido por el gobernador Alfredo del Mazo Maza.

 

Contextos Regionales.- Toluca de Lerdo, Méx., Benjamín Navarrete. En sesión del Octavo Periodo Ordinario, el diputado Jesús Antonio Becerril Gasca, secretario de la Directiva, dio lectura al documento turnado por la Jucopo en el que se da cuenta del análisis del documento, que se centró en el marco normativo y su proceso de integración, en un marco de colaboración institucional que se dio en tiempo y forma como lo establece la Constitución local y la legislación aplicable.

El Plan de Desarrollo del Estado de México tiene una proyección transexenal y es el primero en el país en alinearse con la Agenda 2030, un plan de acción propuesto por el Sistema de Naciones Unidas para los próximos 15 años y que procura cumplir en la entidad tres metas mundiales: terminar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, así como reparar el cambio climático con una visión de largo plazo.

Para su elaboración, el gobierno estatal contó con la certificación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sede México y fue elaborado con base en la metodología del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

Se integra por cinco dimensiones: social, económica, territorial, seguridad y estado de derecho y dimensión transversal, que incluyen tres temas: gobierno capaz y responsable, coordinación institucional y alianzas incluyentes e igualdad de género.

También busca impulsar proyectos productivos entre sectores vulnerables de la población, incrementar la competitividad, fomentar la participación ciudadana, ampliar los programas de escuelas de tiempo completo y mejorar su infraestructura, fortalecer la cobertura de salud universal y crear estrategias para activar el potencial productivo de la entidad.

14. mar., 2018

 

Contextos Regionales.- Toluca de Lerdo, Méx., Benjamín Navarrete. / La Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México, que acaba de entrar en vigor, es una valiosa herramienta para evitar la discriminación, el hostigamiento y otras conductas denigrantes que lesionan física, moral o psicológicamente a niñas, niños y adolescentes, señaló el diputado Miguel Sámano Peralta, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 59 Legislatura.

Dijo que los diputados locales, por su compromiso de adecuar al marco legal a las necesidades de la sociedad, aprobaron este ordenamiento que acaba de entrar en vigor, con el propósito de contribuir a erradicar la violencia y el acoso escolar en cualquiera de sus modalidades.

“Buscamos que se preserve la integridad física, psicológica y social de los alumnos, sobre la base del respeto a su dignidad, además de promover el valor de la justicia, la igualdad, los derechos humanos universales, la cultura de la legalidad y de la paz”, subrayó.

Destacó que la ley fue propuesta por el diputado Jacobo Cheja Alfaro, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y aprobada por unanimidad el 14 de diciembre pasado por el Pleno de la Legislatura mexiquense.

Sámano Peralta explicó que la ley define el acoso o bullying como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, y dijo que este fenómeno se presenta tanto en escuelas públicas como privadas y que su práctica puede incidir en un bajo rendimiento académico, reprobación e incluso deserción.

Además puntualizó que, una vez que el ordenamiento ha entrado en vigor, los directivos, docentes y personal encargado de la disciplina y control de los alumnos tienen la obligación de dar a conocer al Consejo Escolar cualquier situación de bullying, por lo que en cada plantel habrá un responsable de recibir las denuncias.

La escuela enviará un informe anual a la Secretaría de Educación que se integrará al Registro Estatal de Incidencia de Acoso Escolar. Este protocolo de prevención, detección, atención y eliminación será aplicado en todos los niveles de educación básica.

La Ley prevé la imposición de sanciones al personal escolar que tolere, consienta o permita el acoso, o bien que oculte los casos o proporcione información falsa a padres o tutores y a las autoridades.

Se establecen los derechos, tanto de quienes sean receptores como de quienes generen acoso escolar, a ser tratados con respeto a su integridad; a contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades estatales; a recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención; a contar con asesoría psicológica y representación jurídica gratuita y expedita; a recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico, y a acceder a procedimientos expeditos de procuración y administración de justicia.

Finalmente, los estudiantes acosados tendrán derecho, además, a ser canalizados a instituciones especializadas para su atención oportuna; en caso de riesgo grave, a que se dicten medidas preventivas para salvaguardar su integridad física y asegurar su derecho a la vida, a la dignidad y a la reparación del daño moral y, en su caso, a recibir una indemnización o el pago de daños y perjuicios.

14. mar., 2018

 

Contextos Regionales.- Toluca de Lerdo, Méx., Benjamín Navarrete. / Los integrantes de la Junta de Coordinación Política, como cada semana, tuvieron una reunión de trabajo. En esta ocasión fue para revisar, entre otros temas, el proyecto de Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, enviado por el Ejecutivo estatal a la 59 Legislatura estatal la semana anterior.

En la imagen, los diputados Miguel Sámano Peralta (PRI), presidente; Juan Manuel Zepeda Hernández (PRD) y Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN), vicepresidentes; José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), secretario; y los vocales, Mario Salcedo González (Encuentro Social), Jacobo David Cheja Alfaro (Movimiento Ciudadano), Aquiles Cortés López (Nueva Alianza), Francisco Agundis Arias (PVEM) y Carlos Sánchez Sánchez (PT).

 

1. mar., 2018

 

También aprobó 27 nuevas leyes en materia de combate a la corrupción, seguridad, justicia, equidad de género, salud, educación e impulso a la economía.

 

Contextos Regionales.- Toluca de Lerdo, Méx., Benjamín Navarrete. La 59 Legislatura mexiquense iniciará este primero de marzo su Octavo Periodo Ordinario de Sesiones, precedido por 854 iniciativas de ley y puntos de acuerdo aprobados, entre estas, 27 nuevas leyes, además de que en calidad de integrante del Constituyente Permanente de la nación, avaló siete minutas de reformas a la Constitución federal.

De la legislación aprobada en dos años y medio de gestión, destaca el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de México, que establece instrumentos de prevención y rendición de cuentas, así como procedimientos imparciales para exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos.

Las leyes del Sistema Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas, de Responsabilidad Patrimonial y Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, se complementan con las reformas estructurales a las leyes de la Fiscalía General de Justicia, de Fiscalización Superior y Orgánica de la Administración Pública, así como a los códigos de Procedimientos Administrativos, Penal y Civil, todos de la entidad, las cuales permiten el combate frontal a la corrupción.

Otros nuevos ordenamientos son la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, esta última, incorpora como sujetos obligados a partidos políticos, sindicatos, universidades, fideicomisos y personas físicas o jurídicas que reciban recursos públicos.

En materia de seguridad pública y justicia fueron aprobadas las leyes para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro; la de Indulto y Conmutación de Penas; la de Extinción de Dominio; la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, y la de la Fiscalía General de Justicia, que sustituyó a la antigua Procuraduría de Justicia.

También fue expedida la Ley del Programa de Derechos Humanos del Estado de México, para que todos los servidores públicos tengan la obligación de promover, proteger y garantizar estos derechos, así como reformas que fortalecen la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y estipulan la obligación de los servidores públicos de fundamentar y hacer pública su negativa en caso de no aceptar o incumplir una recomendación del organismo.

En materia educativa, los legisladores mexiquenses aprobaron la Ley para Prevenir y Eliminar el Acoso Escolar en el Estado de México, con mecanismos para erradicar este fenómeno y proteger la integridad física, psicológica y social de los alumnos, así como la Ley que crea el Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio, para mejorar la preparación y capacidad pedagógica de los docentes.

Las reformas a la Ley de Educación también permiten la firma de convenios para que estudiantes que no hayan sido seleccionados para ingresar a la Universidad Autónoma del Estado de México sean recibidos en instituciones del gobierno estatal, además de garantizar la entrega de becas y estímulos a alumnos con enfermedades crónico-degenerativas y en situación de vulnerabilidad, así como el derecho a la educación para jóvenes embarazadas o en periodo de lactancia.

Para proteger a las mujeres, se avaló un paquete de reformas que establece una pensión alimenticia, para hijas e hijos, esposa o concubina, no menor de 40 por ciento del sueldo de quien debe entregarla; prohíbe que menores de edad contraigan matrimonio; anula el término de un año para iniciar el divorcio, y tipifica la violencia obstétrica y laboral.

También se creó la Comisión de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres en los 125 municipios de la entidad y un mecanismo interinstitucional de seguimiento a las acciones de seguridad, prevención y justicia en esta materia.

En el rubro de salud y desarrollo social, los diputados aprobaron la Ley para la Prevención, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos Alimentarios, además de reformas para incluir la cirugía bariátrica en los servicios públicos de salud, establecer que los trastornos de peso y talla sean considerados motivos de discapacidad y asegurar el derecho a la lactancia materna.

Reformaron la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, con lo cual incrementaron la sanción mínima administrativa a particulares que incurran en actos discriminatorios.

También reformaron la Constitución estatal y al Reglamento del Poder Legislativo para redefinir el derecho de veto y ampliar el plazo para que el gobernador analice y, en su caso, devuelva las observaciones a las leyes o decretos aprobados.

La nueva Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios garantiza a los ciudadanos un mayor contacto con la administración pública en materia de trámites y servicios de forma rápida y segura a través de la tecnología.

Los diputados también avalaron los paquetes fiscales correspondientes a 2016, 2017 y 2018, en los que se ha privilegiado el gasto social, el combate a la pobreza y la creación de condiciones para la generación de empleos, la competitividad, así como la inversión pública y privada.